Exigimos a la Junta de Andalucía detener y reparar los daños causados a los empleados públicos.

¿Acaso cree el Gobierno de la Junta de Andalucía que puede sacar pecho por anunciar el cese del recorte en las pagas extraordinarias de funcionarios y laborales y en el 5% de la masa salarial de los Entes Instrumentales de la Administración autonómica? ¿Se piensa el Gobierno de Susana Díaz que los empleados públicos andaluces somos estúpidos?

En primer lugar, no basta con detener un recorte, sino que hay que REPARAR el daño provocado, es decir, reintegrar lo que no se ha estado abonando durante todos estos años a los empleados públicos. Y con ello no solamente estamos hablando de recortes en pagas extraordinarias y en salarios mensuales, sino también en la pérdida de poder adquisitivo provocada por la congelación salarial de todos estos años que ha supuesto un empobrecimiento adicional de más del 5%.

Pero, además, es que no es ese el único recorte que está vigente para los empleados públicos dependientes de la Junta de Andalucía.

El personal temporal sufre un recorte de jornada y salario de un 10%, adicional al resto de recortes: situación de agravio comparativo sin justificación y que se ceba con aquellos que se encuentran ya bastante perjudicados por carecer de una estabilidad laboral que debiera estar reconocida.

Los convenios colectivos han sido pisoteados y fulminados a base de decretazo, tanto del Gobierno estatal como del autonómico, reventando los acuerdos alcanzados a través de la negociación colectiva, que ha sido denostada por completo. Con ello, derechos reconocidos como pluses de antigüedad o aportaciones empresariales a planes de pensiones han sido rebajados y suprimidos en su totalidad.

Los complementos ante situaciones de incapacidad temporal han sido reducidos, castigando al personal que enferma y atentando contra algo tan básico como la prevención de riesgos laborales.

Ahora el Gobierno del Estado anuncia la devolución de en torno a un 25% de la paga extraordinaria sustraída del bolsillo de los empleados públicos para los funcionarios de la Administración del Estado. En el caso de los empleados de las administraciones autonómicas, Cristóbal Montoro comenta que el que pueda, que pague, y el que no tenga, ajo y agua. Ya nos tememos como una realidad tangible las nulas intenciones de la Junta de Andalucía ante esta causa.

Demos gracias una vez más a la reforma del artículo 135 de la Constitución Española y a la usura que fomenta el Fondo de Liquidez Autonómico para fijar un techo de gasto y unas condiciones leoninas para la financiación autonómica; esto, junto al desinterés existente por priorizar los servicios públicos y el mantenimiento de la estructura de la Administración Pública, en favor de la privatización y el repago, están llevando a la total precariedad las condiciones de los empleados públicos y del servicio que se presta a los ciudadanos.

Eso sí, si creen que nos vamos a conformar y que nos mantendremos con los brazos cruzados, se equivocan de pleno. Desde UGT vamos a pelear hasta el último céntimo que se ha dejado de cobrar y hasta el último resquicio de derecho laboral perdido.