La Junta de Andalucía debe poner fin ya a los recortes sobre los empleados públicos.

El pasado mes de noviembre, la Consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, anunció en el debate de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma que el fin de los recortes salariales y de derechos, que por decretazo se establecieron en julio de 2012, se producirá en el próximo año 2015.

Demasiado tiempo, demasiado sufrimiento para los trabajadores y trabajadoras dependientes de la Junta de Andalucía al que el Gobierno debía haber puesto freno de inmediato.

El cumplimiento del objetivo del techo de déficit para las administraciones ha puesto en jaque el mantenimiento de los servicios esenciales para la ciudadanía y ha venido acompañado de un destrozo en las economías familiares de los empleados públicos.

Esta medida no solamente ha servido para cuartear y desangrar el ahora mal llamado "estado del bienestar", sino que ha sido a todas luces ineficaz, puesto que ha restado poder adquisitivo a las familias y, por tanto, ha favorecido la caída en picado del consumo interno, que si bien no puede ser el elemento fundamental de estabilidad económica de una sociedad, sí está claro que esta fuerte contracción en un momento como el actual obstaculiza la recuperación.

Recientemente, Cristóbal Montoro, Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, anunció la decisión del Gobierno de renunciar a tres décimas del objetivo del déficit para el Estado, hasta el 5,5%, para 2014. Si esta misma medida se extrapolara a Andalucía, esto le supondría a nuestra Comunidad Autónoma pasar del 1% al 1,3%, es decir entre 420 y 450 millones de euros más.

Creemos imprescindible que la Junta de Andalucía siga presionando al Gobierno central para que esta "relajación del déficit" se extrapole a nuestra Comunidad Autónoma, pero, independientemente de ello, es urgente que el Gobierno andaluz ponga fin a los recortes y comience de una vez a devolver a los trabajadores y trabajadoras dependientes de la Administración autonómica todo lo sustraído a golpe de decreto, y a reparar el daño ocasionado.